La exclusión y el trato desigual en el trabajo ha sido siempre la principal queja que la gente presenta ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México. Por ser madre o por pertenecer a un grupo de la disidencia sexual, generalmente. Pero a partir del año pasado, la mayoría de las denuncias presentadas es por despido o negación de una contratación por haber tenido covid-19.
Geraldina González de la Vega, presidenta del Copred, informó que las condiciones de salud asociadas a la pandemia han ocupado el “primer lugar de discriminación” desde el año pasado. La funcionaria dio a conocer lo anterior en el foro Igualdad laboral y no discriminación, organizado por el Consejo Económico, Ambiental y Social de la Ciudad de México.
La crisis sanitaria por el nuevo coronavirus se convirtió también en económica y, con ello, en laboral. En 2020, más de 12 millones de personas en el país se quedaron sin trabajo a causa de las medidas de confinamiento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Algunas fueron despedidas, otras no pudieron salir a laborar o los lugares donde trabajaban cerraron de manera definitiva.
Históricamente, el 70% de los casos de discriminación denunciados en el Copred suceden en el ámbito privado, particularmente en las empresas, dijo la abogada, quien tienen una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
De 2013 a la fecha el organismo ha abierto 1,590 expedientes. De ellos, “992 son por violaciones al derecho al trabajo por discriminación”. La cifra es muy baja porque la gente no denuncia, lamentó.
De acuerdo con el Inegi, sólo uno de cada 10 delitos es denunciado. Sin embargo, apuntó la titular de Copred, esos números permiten dar un vistazo a lo que ocurre a gran escala.
De las casi mil quejas por discriminación, 489 las presentaron mujeres que estaban embarazadas y por ello fueron despedidas. “Eso me sigue impresionando, es gravísimo que en 2021 las mujeres sigamos siendo despedidas o no contratadas por ser madres o estar a punto de serlo”.
En ese periodo, al consejo también llegaron 33 casos de discriminación por VIH. La mayoría de las denuncias totales las han puesto mujeres; en segundo lugar, la población LGBT+, y en tercer lugar, personas con discapacidad.
Políticas antes que sanciones
En el evento, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la capital del país firmó un Pacto por la Igualdad Laboral y No Discriminación con organizaciones empresariales y dependencias encargadas de la defensa de derechos.
“El trabajo decente es fundamental para toda sociedad que busque justicia social”, señaló Pedro Américo Furtado, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba.
En 2019, el gobierno federal, las adminsitraciones estatales, sindicatos y organizaciones empresariales firmaron un acuerdo para promover el empleo y el trabajo decente, particularmente para los grupos más vulnerables, recordó.
Sin embargo, luego de una pandemia como la de la covid-19 es necesario redoblar esfuerzos para no retroceder en los avances hacia un trato digno e igualitario en el trabajo, apuntó.
México cuenta con un amplio marco legal para prevenir e incluso castigar la discriminación, así como fomentar la inclusión laboral, indicó el diputado local por Morena Temístocles Villanueva.
En el Congreso se ha analizado la posibilidad de sancionar la discriminación en los centros de trabajo desde la vía fiscal o administrativa, dijo. “Pero ante la pandemia de covid-19, es mejor hablar de políticas públicas y empresariales”, muchas compañías están atravesando una crisis económica derivada de la pandemia y lo mejor es un cambio de cultura laboral, señaló.
No discriminar “no sólo es una obligación legal, sino componente de negocio para generar espacios productivos”, apuntó Geraldina González de la Vega. De acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, en 2018 a Reino Unido le costó 127,000 millones de libras la discriminación salarial, citó.
De dicho monto, 123,000 millones fueron por la brecha entre hombres y mujeres, más de 2,600 millones por el origen étnico y 2,000 millones por la exclusión a la población LGBT+.
La importancia de la capacitación
Las personas que viven “en los estratos más bajos de la sociedad, económica, cultural y educativamente hablando”, son quienes son más propensas a ser discriminadas, dijo Manuel González Martínez, director general de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).
En la industria de la construcción, de cada 100 albañiles 47 no saben leer ni escribir, 34 estudiaron hasta la primaria y 15 hasta la secundaria. Eso les coloca en mayor posibilidad de ser discriminados o no recibir tratos justos en su empleo.
La desigualdad y la discriminación le dificultan a las personas el acceso a la educación, lo cual se traduce en falta de capacitación para el trabajo y, por lo tanto, en empleos mal pagados, indicó Mónica leñero, directora de Enlace con Gobierno de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
Por ello, las organizaciones que participaron en el foro llamaron a mejorar los programas educativos acorde con las necesidades de la industria y se comprometieron a invertir en la capacitación de las personas trabajadoras, sin importar que sean sus empleadas.
